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AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDAD AUTÓNOMA ESTÁN OBLIGADOS A CONTRATAR A LOS CENTROS QUE EMPLEAN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Fecha de publicación: 12/01/2017
  • Artículo de Elena Díaz, directora del CEE Feycsa, entidad colaboradora de Plena inclusión región de Murcia.
  • Publicado en el suplemento 'Solidarios' de La Opinión el 30 de noviembre.
En España solemos decir que “las cosas de palacio van despacio” para referirnos a los procesos administrativos que se resuelven de modo extremadamente lento. Así, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para su adaptación a las Directivas Europeas se ha hecho esperar en nuestro país casi tres años, porque primero había un Gobierno en funciones que no podía legislar y después por la complejidad de alcanzar consensos en esta materia tan técnica y crítica para el funcionamiento de lo público. Este tiempo de espera ha sido, no obstante, muy bien aprovechado por el tercer sector y la economía social para hacer propuestas que han salido en su mayoría adelante con el consenso de todos los grupos parlamentarios, lo que refleja que algo está cambiando en la sensibilidad de nuestros políticos y que es bueno escuchar a otros agentes sociales diferentes a los habituales.

¿Pero qué decían esas Directivas Europeas tan novedoso que ha obligado a crear un nueva ley de contratos cuando la vigente era del 2008? Pues básicamente partía de una verdad como un templo que ha dinamitado los cimientos que sostenían la contratación pública; que el dinero que manejan las Administraciones Públicas, esto es, el dinero con el que Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos contratan sus productos y sus servicios, y que supone como media el 16- 18% del PIB de los países de la Unión Europea, es la principal herramienta de transformación Social que tienen las Administraciones Públicas, y no sólo un medio de abastecerse de productos y servicios al menor coste pensando en ahorrar presupuesto al erario público.
Esta sencilla afirmación ha revolucionado la forma de concebir los servicios públicos como dinamizadores locales de la Europa social e inclusiva que todos queremos, obligando para ello a gastar el dinero de todos los contribuyentes con criterios o cláusulas sociales del siglo XXI.

¿Cómo se ha traducido esto en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público? Aparte de otros objetivos medioambientales y sociales me centraré en el impacto sobre el empleo de las personas con discapacidad: Con esta nueva ley, cada Administración deberá gastar una parte de su presupuesto para compras de productos o contratos de servicios eligiendo como proveedores sólo entre aquellas empresas calificadas como Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social o Empresas de Economía Social (Contratos reservados de la Disp.Adic.4). Por defecto, en el Estado se entenderá que esa cuota vinculante de contratos públicos será el 7% en el primer año y el 10% en el segundo.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia baraja el 5% como cuota de reserva para los 22 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (gestionados por Asociaciones sin ánimo de lucro de familias de personas con discapacidad) y para las 3 Empresas de Inserción Social (que emplean a colectivos en riesgo de exclusión) funcionando en esta autonomía. A su vez, cada Organismo Autónomo y cada Ayuntamiento, deberá seguir el mismo procedimiento. Además, los contratos públicos se dividirán en lotes y se premiará a aquellas empresas que subcontraten con los Centros Especiales de Empleo.
Y una medida que se debería estar aplicando desde hace mucho tiempo, es que ninguna empresa con más de cincuenta trabajadores podrá contratar con una Administración española sino acredita que cumple con su obligación de tener en plantilla un 2% de personas con discapacidad, o en su defecto, que colabora a través de medidas alternativas con un CEE.

La pregunta es si esta vez la Administración se pondrá las pilas: En la Región de Murcia hay 18.000 personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo, en edad y con capacidad de trabajar esperando a que empresas ordinarias contratistas de las Administraciones Públicas y ahora también los CEE de Iniciativa Social a través de la cuota de reserva, les llamemos porque tenemos más trabajo y necesitamos más trabajadores con discapacidad, porque así lo quiere la Administración.

Nota: En la web del Sefcarm se puede encontrar la guía: “Todo lo que necesitas saber sobre la contratación de personas con discapacidad” que incluye el directorio de CEE. También en la web www.feycsa.com junto a una información más amplia sobre la nueva ley de contratos del sector público de descarga gratuita.










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